Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, añadió más tensión al Bloque de Unidad con una carta enviada al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, en la que advierte que la encuesta que debe definir al candidato presidencial del bloque es ilegal. En la misiva fechada este domingo, Quiroga aclara que no participa ni está de acuerdo con la iniciativa, subrayando que el estudio está financiado por Samuel Doria Medina, uno de los miembros del bloque.

El exmandatario también indicó que, aunque forma parte del Bloque de Unidad y se postula como precandidato, dicha encuesta no lo involucra ni fue concertada con él. Además, expresó que tanto las empresas encargadas de realizar el estudio como la metodología utilizada no corresponden al conjunto del bloque opositor, sino que son exclusivamente dirigidas por Doria Medina.

En su carta, Quiroga solicitó al TSE que, en ejercicio de sus funciones de fiscalización, ordene a Doria Medina entregar los contratos celebrados con las empresas encargadas de realizar la encuesta. Esto con el fin de demostrar que Quiroga no ha firmado ningún acuerdo relacionado con este estudio, lo que refuerza su posición en contra de la encuesta.

El Bloque de Unidad, que incluye a Quiroga, Doria Medina, Carlos Mesa, Amparo Ballivián, Vicente Cuéllar y Luis Fernando Camacho, se encuentra en una situación compleja. Después de la declinación de algunos de sus miembros, las opciones se reducen a Quiroga, Doria Medina y Ballivián, quienes esperan los resultados de la encuesta para definir sus posiciones.

Doria Medina, dirigente de Unidad Nacional (UN), ha defendido la encuesta, argumentando que se trata de un estudio interno y que no se difundirán los resultados. Sin embargo, Quiroga ve en este proceso una potencial violación de la ley, ya que considera que el financiamiento y la difusión de los resultados de la encuesta violan las normativas establecidas en la Ley 026 de Régimen Electoral.

El expresidente también citó el artículo 238 de la mencionada ley, que tipifica como delitos electorales la inducción del voto mediante la elaboración y difusión de estudios de opinión en contravención de la ley. Además, alertó que los resultados de esta encuesta podrían afectar tanto a los precandidatos como a los derechos de los ciudadanos al elegir a su futuro presidente.

En un último esfuerzo por garantizar la legalidad en el proceso, Quiroga insistió en que la decisión de elegir al candidato del Bloque de Unidad no debe basarse en una ilegalidad, por más que se intente disfrazarla de legalidad. La situación se complica aún más, ya que el TSE emitió la convocatoria a las elecciones generales para el 17 de agosto de 2025, con plazos para alianzas y candidaturas establecidos en las próximas semanas.