El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer 2 de La Paz concedió la tutela de una acción de libertad presentada en favor de Mario Argollo y Vicente Salazar, dejando sin efecto la orden de aprehensión que pesaba sobre ambos dirigentes.

La decisión se conoce después de que sectores movilizados como la Central Obrera Boliviana (COB) y los Ponchos Rojos condicionaran su participación en un diálogo con el Gobierno al levantamiento de las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes.

En días anteriores, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, había garantizado la participación de los dirigentes en eventuales conversaciones con el objetivo de facilitar el diálogo.

Los procesos abiertos contra Argollo y otros dirigentes están relacionados con hechos de violencia registrados durante las protestas. Entre ellos figuran los disturbios ocurridos el 18 de mayo en la ciudad de La Paz, jornada en la que se reportaron saqueos a comercios, robos a lustrabotas y comerciantes ambulantes, además de daños en instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Mientras la COB exige garantías para participar en las conversaciones, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Tupac Katari de La Paz reclama la liberación de sus afiliados detenidos durante las movilizaciones.

La situación de las personas arrestadas se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión. Según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 300 personas fueron aprehendidas en el contexto de las protestas registradas en el departamento de La Paz, aunque solo alrededor del 10% fue formalmente procesado por la vía judicial.

Las organizaciones movilizadas sostienen que la liberación de los detenidos y la revisión de los procesos contra sus dirigentes son condiciones necesarias para generar confianza y avanzar en una negociación con el Ejecutivo. Por su parte, el Gobierno ha señalado que cualquier diálogo debe desarrollarse dentro del marco de la ley y sin condicionamientos relacionados con procesos judiciales en curso.

En las últimas horas, fiscales de La Paz mantuvieron contactos con diputados en el marco de gestiones de mediación orientadas a restablecer la circulación vehicular y el abastecimiento de alimentos.

Respecto al expresidente Evo Morales, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que la orden de aprehensión en su contra continúa vigente y señaló que su ejecución está en manos de la Policía Boliviana.