La Gobernación de Tarija busca alternativas urgentes para frenar el colapso de sus finanzas públicas. Este miércoles, una delegación oficial conformada por el vicegobernador, Gonzalo Ávila Sánchez, y el secretario de Gestión Institucional y Economía, Fernando Romero, se trasladará a la ciudad de La Paz para sostener una reunión clave con el Ministerio de Planificación del Desarrollo y representantes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). El objetivo central de este primer contacto institucional es plantear formalmente la reprogramación de su millonaria deuda pública y el diseño conjunto de un plan de salvataje financiero ante la drástica e histórica caída de los ingresos departamentales por concepto de regalías hidrocarburíferas.

La administración tarijeña enfrenta una situación de extrema iliquidez e insolvencia económica que compromete su operatividad inmediata. De acuerdo con los datos técnicos expuestos por el vicegobernador Ávila, la Gobernación tiene una obligación de pago urgente programada para este próximo 4 de julio con el FNDR que asciende a los 17 millones de bolivianos. Al sumar este monto a los 8 millones de bolivianos mensuales requeridos de forma fija para el pago de salarios y el funcionamiento institucional, la cifra supera los 23 millones de bolivianos que el departamento percibe actualmente en promedio por regalías mensuales. "No tiene sentido, no tenemos ninguna posibilidad", admitió la autoridad al justificar la necesidad de alivianar los adeudos mediante una flexibilización en el plan de pagos.

El declive financiero de la región se arrastra de forma sostenida desde el año 2015, período en el que la producción de gas natural en los principales campos hidrocarburíferos del país empezó a descender de forma notable, sepultado el ciclo denominado el "boom del gas" (2010-2015) donde Tarija administraba presupuestos históricos. Paralelamente a la crisis externa, el Ejecutivo departamental lidia con tensiones internas debido a que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija aún no ha aprobado la nueva Ley de Organización del Ejecutivo (LOE). Al respecto, el vicegobernador evitó confrontar con el legislativo y apeló a que la alianza política opositora "Patria" busque consensos y presente propuestas alternativas, reafirmando que la prioridad actual de la Gobernación es mantener abiertos los canales de diálogo tanto a nivel regional como con el Gobierno nacional para superar la asfixia económica.