Legisladores y activistas ambientales expresan su preocupación por la falta de desalojo de mineros en áreas protegidas, alegando conflictos de intereses en las Fuerzas Armadas (FFAA).

A través de COFADENA, los militares mantienen concesiones auríferas en Alto Mapiri, alquiladas a cooperativas y particulares, generando graves daños ambientales con presencia confirmada de mercurio.

Según Rodrigo Herrera, abogado que presentó un recurso jurídico, las FFAA realizaron un gesto superficial al anunciar su intervención en el Parque Nacional Madidi para combatir la minería ilegal. Herrera acusa a los militares de procrastinar durante dos meses antes de actuar, solicitando recursos logísticos al ingresar, lo que, según él, indica complicidades con los mineros.

La primera orden judicial para proteger el Parque Nacional Madidi se emitió en mayo, seguida por otra en septiembre que otorgó la tutela de varios ríos a la Central de Pueblos Indígenas de La Paz con la instrucción de detener las actividades mineras. Sin embargo, la actividad minera persiste, provocando críticas de legisladores y grupos ambientales.

En una carta dirigida al juez agroambiental, Hugo Eduardo Arandia, comandante en jefe de las FFAA, explicó que su dependencia administrativa se encuentra en manos del presidente y del ministro de Defensa, mientras que las órdenes técnicas provienen del comandante. Afirmaron no recibir ninguna directriz del Ejecutivo nacional.

A pesar de la inacción militar, los mineros marcharon en noviembre exigiendo la apertura de áreas protegidas para la explotación del oro y la concesión de más territorios. En una reunión posterior con el presidente Luis Arce, los mineros aseguraron estar "satisfechos" con los avances en sus demandas, en medio de crecientes preocupaciones ambientales y críticas por la falta de acciones contundentes contra la minería ilegal.