El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó de manera oficial que la nueva Ley de Alivio Tributario beneficiará a más de 82.000 pequeños contribuyentes en todo el país. La medida estatal está diseñada específicamente para aquellos usuarios que mantienen obligaciones pendientes por montos inferiores a los 10 millones de bolivianos, consolidándose como una política de apoyo económico para reducir el peso de las sanciones administrativas acumuladas.

Reducción de multas e intereses que inflaron las deudas La cartera de Estado explicó que el objetivo central de esta normativa es mitigar el impacto financiero de las deudas fiscales que, con el paso de los años, experimentaron un crecimiento desproporcionado debido a la suma de intereses, mantenimiento de valor y penalizaciones automáticas.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, detalló el alcance de la población beneficiada por la norma legal:

“Cerca de 82 mil contribuyentes que hoy tienen deudas menores a Bs 10 millones”, señaló la autoridad gubernamental.

Espinoza precisó que la estructura de una deuda tributaria convencional no se limita al tributo omitido original, sino que incluye multas por incumplimiento, intereses corrientes y la actualización monetaria según la norma vigente, factores que terminaron elevando drásticamente obligaciones que inicialmente eran menores.

Ejemplos de deudas acumuladas y enfoque social Para graficar la gravedad de la situación que enfrentan las familias y los productores, el Ministerio de Economía expuso casos reales detectados en fiscalizaciones de gestiones pasadas. Explicaron que deudas fiscales que inicialmente oscilaban entre los Bs 1.200, Bs 1.500 o Bs 2.000, llegaron a alcanzar sumas alarmantes de hasta Bs 250.000 debido exclusivamente a la acumulación progresiva de los recargos de ley.

La institución estatal enfatizó que el límite máximo de Bs 10 millones fue fijado estratégicamente para concentrar los beneficios en los pequeños contribuyentes y evitar que estas obligaciones acumuladas destruyan la economía de los hogares y de las micro y pequeñas unidades productivas. Con esta política, el Gobierno busca estructurar un esquema tributario que acompañe al sector productivo, incentivando la reactivación económica mediante un alivio financiero directo en el actual contexto nacional.