La Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari envió una nueva carta al presidente Rodrigo Paz, en la que manifestó su disconformidad con la respuesta recibida a la conminatoria de cinco puntos presentada por el sector. Los dirigentes señalaron que el documento remitido por el Gobierno no atiende ni responde las exigencias planteadas y advirtieron que la continuidad del conflicto queda en manos de las autoridades.

En la nota, la organización campesina sostuvo que, tras analizar la respuesta presidencial, concluyó que no existe un pronunciamiento sobre los puntos esenciales de su pliego de demandas.

Entre las exigencias presentadas al Gobierno se encuentran la abrogación de la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción, la regulación temporal de obligaciones financieras por seis meses, la creación de una Comisión de Revisión del Combustible para verificar la calidad del carburante en puntos fronterizos, la abrogación de varios decretos supremos y la emisión de un decreto de amnistía presidencial para las personas detenidas durante el conflicto.

Respecto al pedido de amnistía, los Túpac Katari cuestionaron que el Gobierno solo informara que el 94% de las personas procesadas ya recuperó su libertad y solicitara a jueces y fiscales actuar con celeridad. Según la organización, recuperar la libertad mientras continúan abiertos los procesos penales no equivale a extinguir la persecución judicial.

Sobre la solicitud de abrogar la Ley 1740, el Gobierno respondió que el debate corresponde constitucionalmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, los campesinos sostienen que el presidente tiene iniciativa legislativa y relación directa con su bancada.

En cuanto al alivio financiero, el Gobierno indicó que se encuentra vigente el Decreto Supremo 5630, destinado al refinanciamiento y la reprogramación de deudas para clientes del sistema financiero. No obstante, los Túpac Katari mantienen su demanda de un congelamiento general de intereses y cargos por mora durante seis meses.

Finalmente, la federación campesina afirmó que la responsabilidad por la continuidad del conflicto social recae exclusivamente en el Gobierno nacional y ratificó su decisión de mantener y masificar las medidas de presión y las movilizaciones.