La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (Cteub) declaró al magisterio en estado de emergencia tras la emisión del Decreto Supremo 5654, norma que elimina la retención de aportes sindicales mediante descuentos por planilla realizados por el Estado.

A través de un pronunciamiento, la dirigencia del magisterio expresó su rechazo a la medida y sostuvo que la disposición afecta la organización sindical y la capacidad de acción de los trabajadores del sector educativo.

Según el comunicado, el Decreto Supremo 5654 elimina los aportes sindicales por planilla, situación que, a criterio del sector, representa un debilitamiento de la independencia y organización de los trabajadores.

La norma fue dada a conocer la noche del lunes y establece, en la práctica, el fin del rol del Estado como agente de retención de los aportes sindicales que se aplicaban desde agosto de 1995.

Con la nueva disposición quedaron sin efecto varios decretos emitidos entre 1995 y 2009, los cuales permitían la retención de estos recursos mediante descuentos por planilla y su posterior administración por parte de las dirigencias del magisterio urbano y rural.

La secretaria ejecutiva del magisterio de La Paz, Anahí Bozo, señaló que mediante este mecanismo se recaudaban aproximadamente 600 mil bolivianos mensuales, cifra que representaba alrededor de 7,2 millones de bolivianos al año.

La dirigente indicó que una parte importante de estos recursos era destinada al denominado "presente navideño", beneficio que, según explicó, constituía una devolución de los aportes realizados por los afiliados.

Por su parte, el ministro de Trabajo, William Bascopé, defendió la decisión del Ejecutivo y afirmó que la eliminación de la retención por planilla fue una demanda planteada por las propias bases del magisterio.

La autoridad señaló que durante los acuerdos alcanzados en el contexto de los conflictos registrados entre mayo y junio, surgieron cuestionamientos relacionados con la administración y rendición de cuentas de los aportes sindicales.

En ese sentido, sostuvo que corresponde a cada organización sindical definir los mecanismos mediante los cuales sus afiliados realizarán sus contribuciones, sin la intervención del Estado como agente recaudador.

El ministro remarcó que la medida busca respetar la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores para administrar sus recursos y definir sus mecanismos internos de financiamiento.