Los magistrados de los altos tribunales de Bolivia exigieron este martes al presidente Rodrigo Paz la aplicación de medidas de seguridad y protección permanentes, tras el asesinato a tiros del juez Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental, ocurrido el pasado jueves.

La solicitud fue realizada mediante una carta firmada por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura, en la que demandan que el pedido sea atendido en un plazo de 72 horas.

En la misiva, las autoridades judiciales exigen la adopción inmediata de medidas de resguardo institucional para los magistrados del Órgano Judicial, solicitando condiciones de seguridad similares a las que tienen ministros de Estado y altas autoridades del Órgano Ejecutivo.

Los magistrados señalaron que esta exigencia surge por la “extrema gravedad” del asesinato de Claure, hecho que según indican evidenció la vulnerabilidad, abandono y desprotección en la que desempeñan sus funciones.

De acuerdo con las investigaciones, la Policía busca a los sicarios que, según registros de cámaras de seguridad, se acercaron en motocicleta al vehículo que transportaba al magistrado y le dispararon. Se presume que el crimen estaría relacionado con decisiones judiciales vinculadas a temas de tierras.

En la carta, los magistrados calificaron como “inadmisible e intolerable” la falta de mecanismos permanentes y eficaces de seguridad, pese al nivel de riesgo al que están expuestos.

Entre las medidas solicitadas se encuentran la asignación de escolta personal permanente, vehículos de seguridad, protocolos especiales de resguardo y mecanismos de reacción inmediata ante posibles atentados, además de protección para sus familiares directos.

Asimismo, advirtieron que cualquier omisión, demora o falta de acción por parte del Ejecutivo será interpretada como un incumplimiento grave del deber constitucional de garantizar el funcionamiento del sistema judicial.

Este caso se suma a otros hechos de sicariato registrados en Bolivia durante el año, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad.