Durante una maratónica sesión de interpelación en la Asamblea Legislativa, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, presentó un informe detallado sobre la situación crítica que enfrentó el sector hidrocarburífero durante la gestión pasada. La autoridad reveló que, al inicio de 2025, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) mantenía deudas con proveedores internacionales que superaban los 900 millones de dólares, lo que condicionó las operaciones de importación de combustibles en un contexto de escasez de recursos.

Medinaceli defendió su gestión asegurando que el Ministerio no tiene competencia directa ni responsabilidad operativa en los contratos de compra y venta de petróleo, amparándose en el artículo 22 de la Ley de Hidrocarburos (3058). Según la autoridad, dichas funciones recaen exclusivamente en YPFB como brazo operativo del Estado. Explicó que los polémicos contratos de 2025 se originaron en la administración anterior y fueron mantenidos bajo un "Proceso 1" para evitar el desabastecimiento de gasolina y diésel, advirtiendo que la suspensión de estos acuerdos habría acarreado serios conflictos legales para el país.

En cuanto a las denuncias de presuntos sobreprecios, el ministro instó a considerar la volatilidad de los precios internacionales y rechazó las comparaciones lineales entre distintos periodos de mercado. Asimismo, informó que YPFB invitó a más de 115 empresas bajo la modalidad de invitación directa, adjudicando los contratos a aquellas que ofrecieron primas y facilidades de pago más favorables. Tras horas de debate que concluyeron la madrugada de este viernes, Medinaceli no fue censurado por el Legislativo, aunque persisten las observaciones sobre la calidad del combustible importado.