El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reconoció este miércoles que pudieron existir «fallas administrativas» durante el operativo de captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y el posterior manejo de las evidencias. La declaración surge en medio de una fuerte polémica por la desaparición temporal y las irregularidades en la cadena de custodia de varias cajas fuertes secuestradas en los inmuebles del capo criminal en Santa Cruz.

Durante una intervención ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, Oviedo defendió la captura de Marset —ejecutada el pasado 13 de marzo— como el mayor hito antidrogas en la historia del país, pero admitió que el proceso no estuvo exento de errores. La autoridad ha solicitado un informe detallado al Comando General de la Policía para esclarecer por qué algunas de las evidencias no fueron transmitidas de manera oficial y oportuna a su despacho.

El misterio de las cajas fuertes La controversia se intensificó tras la apertura pública de dos cajas fuertes que resultaron estar vacías, conteniendo únicamente tornillos y paneles. Sin embargo, el caso dio un giro tras el hallazgo de una tercera y cuarta caja fuerte.

Destitución: El ministro reveló recientemente la destitución del director de Inteligencia, tras descubrirse que se había ocultado una de estas cajas, la cual presuntamente contenía dinero en diversas monedas, joyas, tarjetas de crédito y un celular clave para la investigación.

Conflicto con la Fiscalía: Existe una tensión latente entre el Ejecutivo y el Ministerio Público debido a presuntas irregularidades en la cadena de custodia. La Fiscalía inicialmente rechazó recibir una de las cajas por no seguir los procedimientos legales, lo que derivó en una denuncia formal de la Policía para hallar a los responsables de estas omisiones.

Situación de Marset Cabe recordar que tras su captura en marzo de 2026, Sebastián Marset fue expulsado de manera inmediata a Estados Unidos, donde es requerido por la justicia. El ministro Oviedo enfatizó que no emitirá más declaraciones oficiales hasta que la información del comando policial esté "debidamente procesada", mientras sectores de la oposición exigen profundizar las investigaciones sobre posibles nexos entre el entorno del narcotraficante y exautoridades policiales.