El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas ha expresado su preocupación por el "alarmante aumento" de desapariciones forzadas en Venezuela, especialmente dirigidas a miembros del principal partido político de la oposición y a militares. Según las expertas de la ONU Aua Baldé, Gabriella Citroni, Angkhana Neelapaijit, Grażyna Baranowska y Ana Lorena Delgadillo Pérez, desde diciembre de 2023 se ha observado un incremento significativo en estos casos, justo antes de las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio.

Las expertas subrayaron que estas desapariciones forzadas podrían tener un impacto negativo en el ejercicio del derecho al voto de la población, ya que podrían actuar como un factor disuasorio. Además, señalaron que muchas de las personas desaparecidas son integrantes del principal partido político de la oposición y militares.

Según el Grupo de Trabajo, estas detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas, ya que las personas son privadas de su libertad por las autoridades estatales y se les niegan sus derechos fundamentales, como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia legal.

Las expertas destacaron que la privación de libertad de una persona seguida de la negativa a reconocer su detención o de ocultar su paradero la sitúa fuera de la protección de la ley, constituyendo una desaparición forzada según el derecho internacional.

Ante esta situación, el Grupo de Trabajo instó al régimen venezolano a prevenir, erradicar y enjuiciar todo acto de desaparición forzada, proporcionar información sobre la suerte y el paradero de las personas detenidas en régimen de incomunicación, y garantizarles todas las garantías legales, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares y recibir visitas de estos, así como el acceso a asistencia legal de su elección y el derecho a comparecer ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención.

Finalmente, el Grupo de Trabajo aseguró estar en contacto con las autoridades venezolanas y expresó su disposición para proporcionar cooperación y asistencia técnica con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familiares, así como para investigar cualquier caso de desaparición forzada de acuerdo con el derecho internacional.