El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó este martes estado de excepción en siete provincias del país tras el estallido de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel. La medida regirá por 60 días y busca contener lo que el Gobierno calificó como una situación de “grave conmoción interna”.

El retiro del subsidio elevó el precio del galón de diésel de 1,80 a 2,80 dólares, lo que generó rechazo entre colectivos de trabajadores y estudiantes, que denuncian un incremento en el costo de vida. El lunes, camioneros bloquearon algunas carreteras que luego fueron despejadas por la policía, sin que se reportaran heridos. Este martes, la carretera Panamericana Norte, en el ingreso a Quito, amaneció cerrada con piedras y montículos de tierra.

El decreto firmado por Noboa afecta a las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo. Entre las disposiciones, se suspende la libertad de reunión en estas regiones y se faculta a las fuerzas policiales y militares a “impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana”.

El Ejecutivo argumentó que los bloqueos generan “complicaciones en la cadena de abastecimiento de alimentos” y afectan el “libre tránsito de las personas, ocasionando la paralización de varios sectores que impactan en la economía”.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó una marcha nacional para el 23 de septiembre, mientras que estudiantes universitarios anunciaron protestas en Quito para la tarde de este martes.

Los últimos gobiernos ya enfrentaron escenarios similares: tanto Lenín Moreno (2017-2021) como Guillermo Lasso (2021-2023) tuvieron que lidiar con manifestaciones masivas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) por intentos de aumentar el precio de los combustibles.