Edmundo González Urrutia, candidato de la principal coalición opositora en Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), expresó su rechazo a la reciente Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, aprobada por el Parlamento controlado por el chavismo.

González Urrutia calificó la ley como un "peligroso instrumento de censura" que obstaculiza los derechos humanos y el camino hacia una transición democrática en Venezuela.

La nueva normativa prohíbe a las ONG recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas y realizar donaciones a estas, además de prohibir la promoción de "fascismo, intolerancia o odio".

La ley también establece la posibilidad de disolver judicialmente a aquellas ONG que incumplan las disposiciones o no paguen multas impuestas, lo que ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional.

La ONG Provea advirtió que esta legislación legaliza la persecución hacia la sociedad civil que ha denunciado abusos en el país, mientras que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, instó al régimen venezolano a rechazar esta y otras leyes que podrían socavar los derechos humanos y la democracia en el país.

Amnistía Internacional, a través de su directora para las Américas, Ana Piquer, también condenó la aprobación de la ley, afirmando que viola los derechos de asociación y participación en asuntos públicos, y forma parte de una política represiva del gobierno de Nicolás Maduro.

Piquer alertó sobre el riesgo que esta norma representa para la existencia y funcionamiento de organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos en Venezuela, calificando la ley como una herramienta para silenciar a quienes denuncian las violaciones de derechos humanos en el país.