El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que la supuesta instrucción de Evo Morales para rodear unidades militares y policiales en el Trópico de Cochabamba confirma la posición del Ejecutivo de que detrás de las movilizaciones existe una conspiración destinada a alterar el orden constitucional del país.

La autoridad sostuvo que los hechos registrados en esa región no corresponden únicamente a un conflicto social, sino que estarían vinculados a acciones impulsadas por sectores que buscan desestabilizar al Estado.

Las declaraciones fueron realizadas luego de que dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré anunciaran una vigilia y la toma de instalaciones militares en rechazo a la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, promulgada recientemente por el presidente Rodrigo Paz.

Por su parte, el secretario de Relaciones de la organización, Mario Rivera, advirtió que no asumirán responsabilidad por eventuales incidentes que involucren a militares o policías en la región e instó al Gobierno a actuar con cautela antes de ordenar intervenciones en los puntos de bloqueo.

Rivera también cuestionó algunos alcances de la nueva normativa, especialmente la incorporación de la figura de “presunción de legalidad operativa” para las fuerzas del orden durante un estado de excepción. Según indicó, la población del Trópico responderá ante cualquier acción estatal que considere una intervención contra los sectores movilizados.

Las declaraciones reflejan el aumento de la tensión entre el Gobierno y organizaciones sociales en medio de los conflictos que continúan desarrollándose en distintas regiones del país.