Un grupo de padres de familia de unidades educativas privadas expresó su firme rechazo al posible incremento de las pensiones escolares y exigió el cumplimiento de la normativa vigente en el país. En este sentido, hicieron un llamado al Ministerio de Educación y a las autoridades correspondientes para que se haga cumplir la resolución ministerial 001/2025, que establece claramente que no habrá aumentos en las mensualidades de las unidades educativas privadas durante la presente gestión.

El artículo 93 de la resolución ministerial establece que, para el año 2025, las unidades educativas privadas no podrán incrementar las pensiones. Ante esta situación, los padres pidieron al director departamental y a los directores distritales que se tomen las medidas necesarias para garantizar que las unidades educativas cumplan con la normativa.

Los representantes de los padres de familia manifestaron su disposición a presentar denuncias formales y quejas ante las autoridades competentes en caso de que las unidades educativas no respeten la resolución ministerial. Según indicaron, las sanciones por el incumplimiento de esta normativa incluyen una multa económica inicial del 10% de los ingresos de la unidad educativa, un 30% en caso de reincidencia, y, como última medida, el cierre definitivo de la institución educativa.

A pesar de las sanciones, los padres aclararon que no desean que las unidades educativas sean cerradas. Su principal preocupación es que se respete la ley y que no se realicen aumentos en las pensiones escolares, especialmente en un contexto económico tan complejo para muchas familias. Los padres enfatizaron que, debido a la difícil situación económica que atraviesa el país, muchas familias se ven obligadas a realizar sacrificios y renunciar a algunos lujos para poder pagar una educación privada para sus hijos. Por lo tanto, cualquier aumento en las pensiones representaría una carga adicional que muchas familias no podrían afrontar.

Concluyeron reafirmando su compromiso de velar por el cumplimiento de la normativa y destacando la importancia de garantizar el acceso a una educación de calidad sin que esto implique una sobrecarga económica para las familias.