Ante la profunda crisis social y vial que asfixia al territorio nacional, el diputado de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, ratificó la urgencia de reabrir el debate parlamentario para la aprobación del proyecto de ley "antibloqueos". El pronunciamiento del legislador coincide con el cumplimiento de 50 días de bloqueos de carreteras promovidos por la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos y facciones evistas, una extrema medida que mantiene bajo un estricto cerco a los departamentos de La Paz y Cochabamba, dejando saldos devastadores para el país.

El proyecto normativo, que fue presentado formalmente por Alarcón el 15 de diciembre de 2025, tiene como objetivo central penalizar penalmente el bloqueo de rutas y desvincularlo de ser considerado una expresión legítima del derecho a la protesta. El parlamentario lamentó que, a la fecha, al menos 13 personas hayan perdido la vida debido a que los cercos impidieron el paso oportuno de ambulancias y pacientes hacia los centros hospitalarios. "La ley hasta ahora sigue estancada en la Asamblea Legislativa porque el Gobierno dice que no es necesaria; si hay que refrendarla con un referéndum hay que hacerlo, si teníamos esta ley no hubiera pasado el nivel de daño que tenemos ahora", cuestionó la autoridad.

Desde el pasado 1 de mayo, fecha en que se instalaron los primeros puntos de protesta que terminaron por aislar a la sede de Gobierno y posteriormente al eje central del país, el daño financiero acumulado ya supera los 2.500 millones de dólares, destruyendo la estabilidad del aparato productivo nacional. Alarcón advirtió de manera tajante sobre los riesgos institucionales si se continúa postergando esta legislación: "Se tiene que desterrar y erradicar definitivamente la práctica de los bloqueos que es lo que está inviabilizando al país. Si no, el próximo bloqueo será más violento, durará más y estará acompañado de más actos de violencia colateral, haciendo cercos a las ciudades con vandalismo y terrorismo", concluyó.