En el marco de la defensa del medio ambiente y los derechos de la Madre Tierra, el Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, informó que, en coordinación con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), se está promoviendo la reparación civil por los daños causados por las quemas ilegales ocurridas entre las gestiones 2023 y 2024. Esta medida forma parte de los procesos penales que han concluido con sentencias condenatorias ejecutoriadas por la comisión de estos ilícitos.

Condori Tola destacó la relevancia de esta acción durante una reunión celebrada con autoridades de la ABT en la ciudad de Santa Cruz, donde se abordó el daño ambiental provocado por los incendios forestales de los años anteriores. "Lamentablemente, los años pasados sufrimos incendios forestales que causaron un daño de gran magnitud a todo nuestro ecosistema. En esas circunstancias, se promovieron procesos penales por la comisión del delito de Incendio y otros delitos relacionados", señaló el Procurador General.

El Procurador detalló que un total de 23 procesos penales fueron intervenidos por la Procuraduría General del Estado (PGE), y que de estos, siete ya han obtenido sentencias condenatorias ejecutoriadas. "Ahora lo que corresponde es requerir la reparación civil de los daños ocasionados", indicó Condori Tola.

Colaboración de la ABT para la reparación de daños

Para la reparación de los daños causados por las quemas ilegales, Condori Tola destacó la necesidad de la participación continua de la ABT, debido a sus atribuciones legales en la normativa vigente. "Es fundamental la colaboración de la ABT en este proceso, ya que su rol es clave para proteger la Madre Tierra, y este compromiso se complementa con el trabajo que realizamos desde la PGE", expresó la autoridad.

Durante los años 2023 y 2024, los departamentos de Beni, Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca y La Paz fueron gravemente afectados por las quemas ilegales. Estas acciones fueron perpetradas por individuos malintencionados que fueron sorprendidos en flagrancia cometiendo el delito. Ahora, el objetivo es que estos procesos legales no solo castiguen a los responsables, sino que también logren una reparación efectiva de los daños ambientales causados por sus actos.