En el marco de la Cumbre Ferroviaria celebrada en Santa Cruz, el presidente Rodrigo Paz Pereira anunció la necesidad de ejecutar una "transformación estructural" en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El mandatario cuestionó el actual modelo de gestión de la estatal petrolera, señalando que la empresa debe dejar de ser una entidad vinculada a "un partido político y unas cuantas familias" para enfocarse exclusivamente en el servicio al pueblo y el potenciamiento de los sectores productivos de la nación.

Estas declaraciones surgen en un momento de alta tensión política y social, marcado por denuncias sobre la importación de gasolina de mala calidad a precios elevados. Al respecto, el empresario y aliado del gobierno, Samuel Doria Medina, descartó las teorías de sabotaje planteadas inicialmente por algunos sectores, afirmando que el problema radica en la compra de combustible desestabilizado y mezclado con alcohol. No obstante, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que se han firmado adendas con proveedores internacionales para endurecer los parámetros de calidad (manganeso y gomas), garantizando carburantes de 85 octanos o más.

La crisis del sector hidrocarburos también se trasladó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Durante una accidentada sesión, asambleístas de oposición tildaron de "dictador" al vicepresidente Edman Lara. La protesta estalló luego de que Lara intentara someter a votación una moción sin discusión previa tras leer una carta que justificaba la inasistencia del ministro Medinaceli a su interpelación. Ante la falta de garantías, la sesión fue suspendida y declarada en cuarto intermedio hasta este jueves.