La Procuraduría General del Estado manifiesta su preocupación ante la investigación por delitos de estupro y trata y tráfico de personas en contra del expresidente Juan Evo Morales Ayma.

Esta situación requiere atención urgente y un enfoque adecuado por parte de las autoridades competentes.

En este contexto, la Procuraduría hace un llamado a la máxima autoridad del Ministerio Público para que tome en consideración lo establecido en los Artículos 1(1), 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Artículo 7(b) de la Convención de Belém do Pará.

Estos instrumentos normativos destacan la importancia de adoptar una diligencia debida reforzada en casos de violencia sexual, especialmente contra niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, la Constitución Política del Estado, en su Artículo 60, subraya el deber del Estado de priorizar el interés superior de la infancia.

Este enfoque implica que se deben garantizar los derechos de las víctimas, así como su acceso a una administración de justicia rápida y con asistencia especializada durante todo el proceso.

La Procuraduría reitera que el cumplimiento de estos estándares es esencial para evitar posibles denuncias internacionales contra el Estado boliviano.

La investigación debe ser celera, objetiva y enfocada en la no revictimización de las víctimas.

La Procuraduría General del Estado, en colaboración con la sociedad, lidera la defensa de los intereses genuinos del Estado, asegurando que se respeten los derechos fundamentales de las víctimas en esta delicada situación.

La protección de las personas afectadas es una responsabilidad compartida que requiere la cooperación de todas las instituciones involucradas.

La institución continúa su labor de vigilancia y apoyo para que se implementen medidas efectivas que resguarden los derechos de las víctimas y se avance en una justicia justa y equitativa.