El Procurador General del Estado, Hugo León Lafaye, informó de manera oficial sobre la participación activa de la Procuraduría en el proceso legal relacionado con el pozo "Domo Oso X3". Durante su intervención, la autoridad subrayó de manera enfática la importancia de resolver las diferencias existentes mediante el consenso y la concertación, evitando recurrir a la confrontación en los escenarios judiciales.

El procurador explicó que la institución que dirige fue convocada formalmente por el juez agroambiental para intervenir en calidad de tercero interesado. En cumplimiento de este llamado, la Procuraduría se apersonó en la causa dentro de los márgenes y las estrictas atribuciones constitucionales que le corresponden legalmente. Bajo ese marco normativo, la institución estatal acompañó la decisión tomada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de desistir del recurso de apelación interpuesto en contra de los comunarios del municipio de Entre Ríos, una determinación que, según la autoridad, marca un cambio de actitud orientado a la búsqueda de soluciones totalmente pacíficas.

“Es momento que los tarijeños arreglemos nuestros problemas de manera consensuada. No podemos llevar todo a una confrontación o a procesos penales de la magnitud que sea. Lo que esperamos es que esta señal se entienda por parte de los comunarios y podamos sentarnos, junto al Ejecutivo y Yacimientos, a limar las asperezas que puedan quedar”, manifestó públicamente el procurador Hugo León Lafaye. La autoridad gubernamental enfatizó que este paso inicial constituye una primera medida fundamental hacia la construcción de acuerdos mutuos que permitan compatibilizar de manera responsable el desarrollo energético del país con la debida protección de los recursos naturales y los intereses legítimos de las comunidades locales.

Asimismo, el Procurador General acompañó de forma directa al presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca, durante la presentación pública de esta determinación legal. Con este acto, la Procuraduría reafirmó su compromiso institucional de funcionar como un puente de mediación para facilitar el diálogo abierto entre las partes involucradas, promoviendo en todo momento salidas legales y concertadas que coadyuven a fortalecer la convivencia pacífica y el respeto estricto a la normativa jurídica vigente en el territorio nacional.