La Procuraduría General del Estado se incorporó formalmente al proceso judicial del caso Tariquía, decisión que derivó en la ampliación de plazos y la postergación de dos audiencias previstas para el 9 y 13 de febrero de 2026. La medida generó preocupación entre comunidades de la Reserva Nacional de Tariquía, que alertaron sobre posibles irregularidades y riesgos de exclusión de representantes legítimos en el proceso.

De acuerdo con la información a la que accedió Sumando Voces, la Procuraduría presentó un apersonamiento ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos con la intención de participar en el proceso como tercero interesado. La audiencia del 9 de febrero estaba destinada a una inspección técnica en la zona de Chiquiacá, cercana al pozo Domo Oso X-3, ordenada en el marco de una Acción Ambiental Precautoria impulsada por la Defensoría del Pueblo contra YPFB, Petrobras y autoridades de Hidrocarburos y Medio Ambiente.

El objetivo de esta inspección era evaluar en el lugar los impactos del proyecto exploratorio gasífero, ubicado a 1,5 kilómetros de la reserva nacional, recopilar pruebas ambientales y definir si correspondía ampliar la suspensión provisional de 30 días dictada en enero. Posteriormente, el 13 de febrero debía realizarse una audiencia pública con participación de comunidades y expertos.

Sin embargo, el 29 de enero el juez agroambiental Clever Marcelo Osorio Guerrero postergó ambas audiencias a solicitud del procurador Hugo César León, quien pidió incorporarse al proceso. El juzgado admitió el apersonamiento del procurador como tercero interesado y determinó ampliar, por única vez, el plazo de diez días hábiles para la presentación de informes por parte de las entidades estatales demandadas y de la empresa Petrobras S.A.

En su resolución, el juez señaló que varias diligencias de citación no se cumplieron oportunamente debido, entre otros factores, a la vacación judicial en juzgados agroambientales de La Paz y Santa Cruz. Asimismo, indicó que, al tratarse de un caso complejo y de relevancia social, era necesario fijar plazos razonables que permitan a las partes presentar toda la documentación pertinente antes de las audiencias.

El Comité de Defensa de la Reserva Natural de Tariquía expresó su preocupación por la reprogramación de las audiencias, al considerar que esta decisión genera dudas sobre la transparencia del proceso y podría ser utilizada para subsanar irregularidades o influir en dirigentes locales. Los comunarios advirtieron que la ampliación de plazos podría limitar la participación comunitaria a determinados representantes, lo que consideran una vulneración a la legitimidad de las bases.

Juan Mendoza, representante del comité legitimado por las comunidades, afirmó que existen dirigentes que habrían cambiado de postura por intereses particulares y reiteró la exigencia de que las comunidades tengan voz en la audiencia pública. Además, cuestionó la actuación de la Procuraduría y señaló que no existe justificación legal para prolongar el proceso.

Los comunarios ratificaron su rechazo al ingreso de proyectos petroleros en la reserva, respaldo que —según indicaron— se sustenta en resoluciones y decisiones previas. Asimismo, advirtieron que toda la Reserva de Tariquía, incluido el campo de Churuma donde ya existe actividad petrolera, estaría en riesgo si continúan las operaciones bajo procesos dilatados. También exigieron que la audiencia sea reprogramada con presencia de medios de comunicación para garantizar transparencia.

En tanto, el Gobierno sostiene que el pozo Domo Oso X-3 no se encuentra dentro de la Reserva Nacional de Tariquía. El viceministro de Exploración, Caleb Montes, afirmó en conferencia de prensa que el pozo está fuera del área protegida y que esta situación será demostrada con información técnica.