Los sectores económicos de Bolivia han confirmado la realización de un paro nacional de 24 horas para el próximo 10 de febrero en protesta contra la disposición séptima de la Ley Financial, que autoriza la ejecución de decomisos. La decisión fue tomada este jueves en un ampliado nacional realizado en Sucre, donde representantes de diferentes gremiales y cámaras económicas expresaron su rechazo a la medida.

El principal reclamo de los sectores afectados es la derogación de la norma que, según ellos, atenta contra la propiedad privada y afecta la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de sus actividades. César González, ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, aseguró que en caso de que no se anule la disposición, los sectores de la cadena de abastecimiento acatarán el paro movilizado nacional. “Nos dejan sin la posibilidad de generar ingresos para el país, por lo que si no se da marcha atrás con esta norma, nos veremos obligados a hacer este paro”, afirmó González al leer las conclusiones del ampliado acompañado de representantes de diversas organizaciones.

Por su parte, el Gobierno Nacional ha reiterado su postura de no anular la disposición. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, indicó que no hay planes de derogación y que el Ejecutivo ya trabaja en un anteproyecto de reglamentación de la ley. Además, señaló que continuará dialogando con los sectores económicos que se oponen a la norma.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, expresó la preocupación de las diferentes cámaras económicas y recordó que la única prioridad del sector privado es poder trabajar con seguridad jurídica. “Nosotros producimos, no especulamos ni conspiramos. Lo que pedimos es la posibilidad de trabajar sin incertidumbres legales”, afirmó Camacho, quien también se sumó a la demanda de derogación de la norma.

El paro nacional programado para el 10 de febrero se perfila como un acto de presión para que el Gobierno reconsidere su postura y dé marcha atrás con la disposición séptima de la Ley Financial, que ha generado un fuerte rechazo en los sectores productivos del país. La medida ha generado un intenso debate en el ámbito político y económico, mientras las autoridades continúan con sus negociaciones en busca de una solución.