En una decisión que marca un endurecimiento en las políticas de control fronterizo, el Senado de Chile aprobó ayer el proyecto de ley que califica el ingreso irregular al país como un delito y ya no como una simple falta administrativa. La iniciativa, que refuerza la estrategia migratoria del gobierno de José Antonio Kast, impacta directamente en la dinámica de las fronteras compartidas con Bolivia y Perú.

La propuesta fue respaldada en su segundo trámite constitucional con 24 votos a favor y 20 en contra. Con esta modificación a la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, se establecen sanciones que incluyen penas de cárcel menor y multas que oscilan entre las 5 y 10 Unidades Tributarias Mensuales para quienes utilicen pasos no habilitados para ingresar a territorio chileno.

Debate sobre constitucionalidad y derechos humanos Durante la sesión, los legisladores oficialistas argumentaron que la norma no vulnera el derecho internacional, ya que contempla resguardos específicos para menores de edad y solicitantes de refugio. Asimismo, defendieron que el proyecto busca ser una herramienta de disuasión y prevención ante la crisis migratoria, negando que vaya a provocar un colapso en el sistema penitenciario gracias a la incorporación de mecanismos alternativos.

Por su parte, los senadores de oposición y diversas organizaciones han expresado su rechazo, advirtiendo que la medida podría generar una sobrecarga operativa para el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas. Además, señalaron posibles problemas de constitucionalidad y riesgos de vulnerar estándares internacionales de derechos humanos, alertando que la judicialización podría incluso retrasar los procesos de reconducción de migrantes.

Próximos pasos El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, valoró el avance de la ley y anunció que el Ejecutivo presentará indicaciones para perfeccionar la estructura del proyecto antes del cierre de la etapa de modificaciones, fijada para el próximo jueves 28 de mayo. Por su parte, la oposición ya ha anunciado una reserva de constitucionalidad, basándose en informes previos de la Corte Suprema sobre el quórum requerido para ciertos artículos de la norma.