El Poder Judicial de Chile queda en entredicho tras la fuga de un peligroso criminal, producto de una cadena de fallas administrativas y comunicaciones deficientes con Gendarmería.

La Corte de Apelaciones de Santiago suspendió por un mes a la magistrada Irene Rodríguez, apodada “Tuto” Rodríguez por la prensa luego de quedarse dormida durante una audiencia de formalización. El caso ha generado indignación pública, ya que se trataba del proceso judicial contra el sicario del Tren de Aragua, Alberto Mejía Hernández, acusado del asesinato de un conocido delincuente apodado “el Rey del Meiggs”.

El error judicial se desencadenó por una confusión en los nombres en los documentos firmados por la magistrada. Inicialmente, se decretó prisión preventiva para Mejía y otros dos imputados, pero un segundo documento con datos erróneos ordenó su libertad. Aunque se corrigió con un tercer oficio, Gendarmería hizo caso al segundo y liberó al sicario la noche del 10 de julio. El reo salió caminando como si nada, acompañado de dos personas, y en cuestión de días recorrió más de 1.700 kilómetros hasta cruzar ilegalmente a Perú por un paso no habilitado.

Además de la jueza Rodríguez, una oficial de actas del Poder Judicial también fue suspendida temporalmente. La jueza Clara Carrasco, encargada del sumario disciplinario, detalló que se investiga una cadena de fallas que revelan profundas deficiencias en los canales de comunicación internos y el control de reos peligrosos.

El caso también expone serias falencias en los controles fronterizos chilenos. Según medios locales, es común en Arica contratar taxis ilegales por montos entre 150 y 500 dólares que permiten cruzar a Tacna sin revisiones oficiales.

Frente a la polémica, Rodríguez declaró brevemente a un noticiero televisivo asegurando que está “muy tranquila” y defendió su trayectoria en el Poder Judicial. Recalcó que su último oficio fue una orden de prisión preventiva correctamente emitida, deslindando su responsabilidad en el resto del procedimiento.

El caso ha desatado cuestionamientos sobre la preparación, el control y la seriedad con la que se manejan casos de alta peligrosidad en el sistema judicial chileno.