El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, ha señalado que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es la única instancia que puede impedir la candidatura de Evo Morales en las elecciones de 2025. Según Torrico, el movimiento evismo busca desestabilizar el sistema judicial actual, incluyendo el cese de los magistrados del TCP, con el objetivo de crear un caos judicial que facilite la inscripción de Morales como candidato. La Sentencia Constitucional 1010/2023, aprobada en diciembre de 2023, establece que la reelección no es un derecho humano y puede ser legalmente restringida, anulando así una sentencia anterior de 2017 que permitía la reelección indefinida.

Torrico ha enfatizado que, para el gobierno y abogados constitucionalistas, este fallo significa que Morales no puede presentarse nuevamente como candidato, ya que ha agotado su derecho a una segunda reelección continua. Sin embargo, Morales y sus seguidores insisten en que él será el candidato del Movimiento al Socialismo (MAS). Torrico advirtió que, sin un TCP funcional, no habría una instancia legal a la cual recurrir para impugnar la candidatura de Morales, lo que es la principal razón detrás del supuesto intento del evismo de desestabilizar el sistema judicial.

En una reciente y controversial sesión de la Asamblea Legislativa, se aprobó una ley que cesa a los actuales magistrados del sistema judicial, aunque esta norma aún necesita la aprobación del presidente Luis Arce para entrar en vigor. Torrico ha calificado esta acción como un "matonaje político" dirigido por Morales para mantener su influencia. Parlamentarios del bloque arcista anticipan que Arce vetará la norma, alegando que la sesión fue ilegal. Mientras tanto, el bando evista del MAS ha dado un ultimátum de 10 días para que Arce promulgue la ley y otras normas aprobadas en esa sesión.