En una decisión que agita las aguas políticas, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) ha emitido una resolución que da curso a una medida cautelar presentada por Marco Ernesto Jaimes Molina, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Esta medida obliga a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a acatar la sentencia que prorrogó el mandato del TCP y otros tribunales judiciales, dejando en suspenso el tratamiento del Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024.

La resolución, en virtud de la jurisdicción y competencia otorgada por el Código Procesal Constitucional, establece que la ALP debe cumplir con la Disposición Constitucional Plurinacional (DCP) 0049/2023 del 11 de diciembre, previo a retomar cualquier acción relacionada con la convocatoria a elecciones judiciales. Esta medida cautelar estará vigente hasta que la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva la queja por incumplimiento presentada por Jaimes Molina el 24 de enero de 2024.

También impacta directamente en el proceso legislativo, y deja en suspenso el tratamiento del crucial Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024, programado para reanudarse a partir del 31 de agosto de 2023.

La resolución ha sido notificada al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su conocimiento y difusión entre los Asambleístas, lo que anticipa un debate en el ámbito legislativo en los próximos días.