Fernando Cerimedo aparece nuevamente dentro de una investigación fiscal, esta vez por una operación relacionada con la compra de una quinta ubicada en la zona de Nueva Palestina, en Santa Cruz, cuyo valor habría sido establecido en $us 200.000.

De acuerdo con la declaración de un intermediario identificado como L.V., Cerimedo habría visitado personalmente el predio y acordado la compra. Según el testimonio, inicialmente se entregaron $us 30.000 y posteriormente se realizaron pagos por Bs 100.000. Sin embargo, la transacción no llegó a completarse y existiría un saldo pendiente superior a los $us 30.000.

La operación fue formalizada mediante una minuta suscrita en un bufete jurídico de Santa Cruz, bajo la modalidad de “venta con representación sin mandato”. Para este trámite se utilizó el pasaporte argentino de Cerimedo.

El proceso, según la declaración, no pudo avanzar debido a que no se contaba con el DNI del comprador ni con una certificación de flujo migratorio, documentos que eran requeridos para continuar con la operación.

El intermediario señaló además que, al solicitar la documentación pendiente, Cerimedo habría asegurado que coordinó con una alta autoridad del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), con el objetivo de intentar completar el trámite pese a la falta de esos requisitos.

El testimonio fue presentado ante la Fiscalía el 21 de agosto y forma parte de las actuaciones que deberán ser contrastadas dentro de la investigación para establecer la veracidad de los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Cerimedo permanece detenido preventivamente en el penal de Palmasola por el caso relacionado con Nadia Beller y, de manera paralela, es investigado por legitimación de ganancias ilícitas. Además, en el departamento de Beni se abrió otra investigación relacionada con una posible protección a vuelos irregulares.

La declaración sobre la compra del terreno se suma así a las investigaciones que actualmente involucran al ciudadano argentino, cuyos señalamientos y posibles responsabilidades deberán ser establecidos por las autoridades competentes.