El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, reiteró su pedido de fortalecer la autonomía departamental y cuestionó que las gobernaciones deban solicitar autorización al nivel central para tomar decisiones sobre su administración financiera. La autoridad sostuvo que el tratamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 representa una oportunidad para impulsar modificaciones que permitan mayor independencia en la gestión de los gobiernos autónomos.

A través de sus redes sociales, Velasco afirmó que las autoridades elegidas por voto popular no deberían depender de la autorización de ministros o viceministros para definir aspectos relacionados con el endeudamiento o la administración de recursos en sus regiones.

En ese contexto, el gobernador presentó tres pilares que, según indicó, son necesarios para consolidar la autonomía departamental. El primero plantea una autonomía presupuestaria, con la posibilidad de realizar modificaciones al presupuesto sin autorización del Gobierno central y con una planificación plurianual vinculada al Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI).

El segundo eje está referido a la autonomía de ingresos y gastos. Velasco propuso que las gobernaciones cuenten con tasas propias, patentes departamentales y libertad en la asignación sectorial, respetando los mínimos establecidos por ley. Asimismo, señaló que los gobiernos departamentales no deberían continuar financiando competencias que corresponden al nivel nacional.

El tercer planteamiento está relacionado con la autonomía de endeudamiento. En este punto, propuso ampliar el margen de endeudamiento de las gobernaciones mediante una ley y que los recursos para obras no dependan de entidades como el Tesoro General de la Nación (TGN), el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) o la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), sino que puedan gestionarse con mayor independencia.

Velasco también destacó que la Gobernación de Santa Cruz redujo su déficit fiscal en más del 55% durante los primeros dos meses de gestión y sostuvo que, pese a ello, continúan existiendo restricciones impuestas desde el nivel central.

Finalmente, advirtió que el debate del PGE Reformulado 2026 será determinante y señaló que los legisladores que respalden la norma sin incorporar estos cambios asumirán la responsabilidad política de esa decisión ante sus regiones.