El proceso de resarcimiento por la crisis de la gasolina de mala calidad en Bolivia suma nuevos cuestionamientos luego de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos determinara delegar los pagos a una empresa privada, con una comisión que podría alcanzar hasta 500 mil dólares.

De acuerdo con un acta de directorio de YPFB Logística, se aprobó un fondo de 20 millones de dólares para compensar a los afectados por daños en sus motorizados, tras múltiples reclamos registrados entre enero y febrero.

El documento establece que la estatal no cuenta con la capacidad técnica ni financiera suficiente para garantizar controles de calidad del combustible, cuyo costo superaría los 42 millones de dólares, además de no disponer de laboratorios adecuados.

En ese contexto, se decidió contratar a la empresa Síntesis para ejecutar los pagos mediante una pasarela, lo que implica una comisión de entre el 2% y el 3% del monto administrado.

La decisión ha generado críticas sobre el uso de recursos públicos, ya que ese costo saldría del mismo fondo destinado a los afectados, además de cuestionamientos sobre por qué no se recurrió al Banco Unión para realizar los desembolsos.

El informe también advierte posibles responsabilidades legales para la estatal, incluyendo demandas colectivas por daños y perjuicios, lo que llevó a recomendar compensaciones inmediatas para reducir el conflicto.

Mientras tanto, el proceso avanza de forma gradual a través del sistema S-REC, con pagos parciales y progresivos. Sin embargo, sectores del transporte denuncian demoras en los desembolsos y mantienen medidas de presión en ciudades como La Paz y El Alto.

El caso continúa generando debate sobre la transparencia en la gestión de recursos y la responsabilidad institucional frente a la crisis.