El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, admitió este jueves que todavía existen los denominados “guerreros azules” trabajando dentro de esa cartera de Estado. No obstante, aseguró que se realiza un proceso para identificarlos y retirarlos de la institución.

Zamora afirmó que estas personas deben dejar el ministerio, independientemente de su desempeño, porque la prioridad es que permanezca personal técnico que no esté vinculado con actividades políticas.

“Los ‘guerreros azules’ tienen que irse, sean buenos o malos, porque lo que se tiene que quedar es gente técnica que no está metida en política. Los ‘guerreros azules’ han sido formados para otros fines; tienen que irse. Hay que identificarlos nada más”, declaró la autoridad.

Los “guerreros azules” fueron creados como un grupo de apoyo político al entonces presidente Luis Arce. Edgar Montaño, quien era ministro de Obras Públicas, dirigía este grupo integrado por funcionarios de esa cartera de Estado. Durante la anterior gestión participaron en diferentes actos públicos del mandatario, incluso en horarios de trabajo. Al concluir ese gobierno, Montaño anunció que se llevaría a todos sus “guerreros”, aunque, según Zamora, algunos continúan en el ministerio.

El Gobierno de Rodrigo Paz cumplió ocho meses al frente de la administración pública del Estado y, durante ese tiempo, distintos sectores cívicos, representantes del control social y parlamentarios cuestionaron que todavía permanezcan funcionarios vinculados al masismo dentro de las instituciones públicas.

Sobre este tema, Zamora sostuvo que el presidente comparte el criterio de que no todas las personas que trabajaron durante los gobiernos del MAS buscan perjudicar la actual gestión, ya que muchos cuentan con experiencia técnica en el funcionamiento de las instituciones y no participan en actividades políticas.

El ministro explicó que el objetivo es separar únicamente a quienes, según dijo, obstaculizan los cambios dentro de la administración pública. Señaló que existen funcionarios que mantienen formas de trabajo que no contribuyen a la nueva gestión y que esas personas están siendo apartadas, aunque remarcó que no corresponde generalizar ni considerar a todos los trabajadores de anteriores administraciones de la misma manera.

Por su parte, la diputada de la Bancada Libre, Sofía Rocha, cuestionó la permanencia de funcionarios del MAS en las instituciones del Estado y advirtió una falta de voluntad política para realizar una depuración. La legisladora afirmó que, con decisión política, es posible retirar a quienes continúan desempeñando funciones y que, a su criterio, perjudican al país.

Asimismo, Rocha sostuvo que desde la Bancada Libre en la Asamblea Legislativa Plurinacional no pueden realizar el trabajo que corresponde al Gobierno para modificar las normas que, según indicó, protegen a funcionarios vinculados al MAS dentro de las entidades estatales.