La senadora Ana Crispin presentó un proyecto de ley que plantea establecer responsabilidades penales para funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a raíz de los daños ocasionados a vehículos y maquinaria por la presunta mala calidad de los combustibles comercializados en el país.

La propuesta surge en un contexto marcado por múltiples denuncias de sectores productivos y del transporte, que reportaron fallas mecánicas atribuidas al uso de carburantes fuera de especificación.

Según la legisladora, estos hechos no solo generan pérdidas económicas, sino que también evidencian una presunta negligencia en los procesos de control, fiscalización y provisión del combustible.

Crispin sostuvo que el proyecto apunta a garantizar que las autoridades y funcionarios responsables asuman las consecuencias legales correspondientes cuando se compruebe que los daños fueron provocados por omisiones o incumplimientos en sus funciones.

Asimismo, señaló que la iniciativa busca fortalecer la transparencia y la responsabilidad institucional en la cadena de distribución de hidrocarburos.

La senadora indicó que la propuesta será puesta a consideración de la Asamblea Legislativa, donde se espera un debate sobre los alcances penales y administrativos, así como sobre los mecanismos de resarcimiento para los afectados.