ANP, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país exigen el inicio inmediato y sin dilaciones del juicio oral y contradictorio contra los cinco acusados del caso 'Las Londras'. Lo calificó como un "violento atentado que marcó uno de los episodios más oscuros contra la libertad de prensa en democracia".

El 28 de octubre de 2021, seis periodistas cubrían el conflicto por avasallamientos de tierras en la propiedad Las Londras, en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. Los periodistas (junto a policías y civiles) fueron emboscados por encapuchados armados, quienes los secuestraron y torturaron. Durante más de siete horas fueron sometidos a vejámenes que constituyen una violación flagrante a sus derechos fundamentales.

"Este ataque no solo afectó a las víctimas directas, sino que representó un atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa", indicó la institución.

Según la ANPB, este 9 de julio, el Tribunal de Sentencia Primero de Concepción —integrado por los jueces Ramón Quiroga, Elvio Cuéllar y Rosa Victoria Copa— tiene la responsabilidad histórica de hacer justicia. La institución demanda que el juicio se realice sin más postergaciones y que se conduzca con seriedad que amerita el caso.

Demora en la justicia "La demora injustificada no solo profundiza el dolor de las víctimas, sino que debilita la confianza ciudadana en la justicia boliviana", expresó en el pronunciamiento.

Asimismo, la ANPB indicó que los acusados deben responder por delitos como tentativa de asesinato, privación de libertad, tortura, lesiones graves, secuestro, robo agravado, portación ilícita de armas, atentado contra la libertad de prensa y organización criminal.

La ANPB nombró a los acusados: Paulino Camacho Vedia, Nelson Rivadeneira Escalante, Heber Sixto Canaza Sacaca, Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramírez Taboada.

"Las investigaciones han sido entorpecidas por el cambio arbitrario de fiscales y policías, la liberación de los principales acusados —pese a su alta peligrosidad— y la falta de acciones diligentes por parte de las autoridades judiciales", indicó.