La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) eligió este jueves al magistrado Carlos Eduardo Ortega Sivila como presidente de la institución para la gestión 2027. Asimismo, designó al magistrado Primo Martínez Fuentes como nuevo decano.

El anuncio se realizó en Sucre, el 15 de octubre de 2026, luego de que el presidente del TSJ, Rómer Saucedo Gómez, y la decana, Rosmery Ruiz Martínez, pusieran sus cargos a disposición y presentaran sus renuncias.

Saucedo explicó que la decisión busca garantizar una transición ordenada en las salas especializadas y los despachos judiciales, antes de que las nuevas autoridades asuman sus funciones el 4 de enero de 2027.

Por su parte, Rosmery Ruiz agradeció a los magistrados de Sala Plena por el acompañamiento durante su gestión y señaló que la defensa de la independencia del Órgano Judicial y la necesidad de contar con un presupuesto digno fueron parte de los desafíos enfrentados.

El magistrado Carlos Ortega agradeció la confianza de sus colegas y afirmó que continuará trabajando por la unidad y la independencia del Órgano Judicial.

“El compromiso es de seguir trabajando como lo he hecho estos últimos meses por la unidad y la independencia del Órgano Judicial”, manifestó.

En tanto, Primo Martínez agradeció su designación y aseguró que las salas especializadas continuarán trabajando al ritmo habitual. También sostuvo que la transición refleja la unidad institucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Trayectoria de las nuevas autoridades

Carlos Eduardo Ortega Sivila nació en Camargo y fue elegido magistrado por el departamento de Chuquisaca. Es abogado penalista, docente de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca y cuenta con un doctorado en Derecho Penal, una maestría en Administración de Justicia y diplomados en Derecho Administrativo, Educación Superior, Derecho Procesal y Oratoria. Actualmente preside la Sala Penal del TSJ.

Por su parte, Primo Martínez Fuentes es abogado nacido en Oruro y cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el ámbito jurídico, tanto en el ejercicio libre de la profesión como en el Órgano Judicial y otras instituciones públicas y privadas.

Tiene maestrías en Administración de Justicia y en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, además de diplomados en áreas procesales, administrativas, penales, educativas y de justicia restaurativa.