El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, presentó una querella penal ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el proyecto Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), contratado en 2016 con la empresa francesa Thales por aproximadamente 191 millones de euros.

La acción penal comprende a 19 personas, entre ellas cuatro exministros de Defensa, exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista. Según Justiniano, una auditoría interna identificó observaciones en la contratación, las modificaciones contractuales, las garantías, los procesos de recepción y el funcionamiento del sistema.

El ministro aclaró que la investigación debe establecer las responsabilidades individuales a partir de decisiones y actuaciones concretas.

Cuatro exministros están incluidos en la querella

Entre las exautoridades comprendidas en la acción penal se encuentran:

Reymi Ferreira Justiniano, por la suscripción del contrato original y los dos primeros modificatorios.

Javier Zavaleta López, vinculado a los modificatorios tercero y cuarto.

Luis Fernando López Julio, por el quinto modificatorio.

Edmundo Novillo Aguilar, por los modificatorios sexto y séptimo.

“No se está acusando a nadie simplemente por haber sido ministro, funcionario público, militar o representante de una empresa. Lo que debe investigarse son actos concretos, decisiones concretas y responsabilidades individuales”, sostuvo Justiniano.

Auditoría estima posible daño económico superior a Bs 1.478 millones

El ministro informó que la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa cuantificó un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones. El monto y la metodología empleada deberán ser examinados durante la investigación, al igual que la relación de cada actuación con un eventual perjuicio económico.

Por su parte, desde la Procuraduría se informó que se investigarán presuntos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Cuestionan ampliaciones en el plazo de ejecución

Otro de los aspectos observados es el tiempo que demandó la ejecución del proyecto. Según Justiniano, el contrato original establecía un plazo de 31 meses, que posteriormente se amplió a 82 meses mediante siete contratos modificatorios.

Sin embargo, la demostración final del sistema se realizó aproximadamente 98 meses después de la orden de proceder.

“De 31 hemos pasado a 98 meses”, manifestó la autoridad al cuestionar las sucesivas ampliaciones.

Auditoría detectó observaciones en 11 de los 13 radares

De acuerdo con el informe presentado por el ministro, el proyecto registró un 100% de ejecución física y un 97,85% de ejecución financiera. No obstante, los informes técnicos identificaron observaciones en la mayoría de los equipos.

De los 13 radares adquiridos, dos figuraban operativos sin observaciones, nueve estaban operativos con observaciones y dos no se encontraban funcionando.

“De 13 radares, nueve estaban con observaciones, dos no estaban funcionando y solamente dos estaban funcionando”, afirmó Justiniano.

La querella busca que el Ministerio Público investigue las presuntas irregularidades y determine las responsabilidades correspondientes.