El Gobierno del presidente Rodrigo Paz puso en marcha una ofensiva diplomática y judicial sin precedentes para desarticular la red internacional de corrupción y sabotaje en la importación de hidrocarburos. Tras los hallazgos de adulteración de gasolina en garajes chilenos, Bolivia inició contactos de alto nivel con Chile y extenderá estas acciones de cooperación a Paraguay y Argentina.

Cooperación binacional contra el crimen organizado El primer encuentro estratégico se realizó este lunes con autoridades de Chile, contando con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo; de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y el fiscal general del Estado, Roger Mariaca.

Agradecimiento a Chile: El presidente Paz destacó la apertura de las instituciones chilenas para combatir a estas "mafias internacionales" que operan en su territorio, afectando el suministro boliviano.

Metodología conjunta: El canciller Aramayo adelantó que se aplicará la misma hermenéutica de trabajo con Paraguay y Argentina, países que también funcionan como puntos de ingreso del combustible importado por Bolivia.

Preocupación regional: Las autoridades señalaron que estos ilícitos no solo dañan la economía y el parque automotor boliviano, sino que representan una amenaza de seguridad para los países vecinos donde se asientan estos grupos delictivos.

Misión: Identificar a los "peces gordos" A diferencia de operativos anteriores, estas reuniones binacionales incluyen directamente a la Fiscalía General del Estado para garantizar que las investigaciones tengan un alcance penal efectivo.

Autores intelectuales: El objetivo central es identificar quiénes están detrás de la planificación de este sabotaje, tanto en el lado boliviano como en el extranjero.

Cálculo del daño económico: La Fiscalía tendrá la tarea de cuantificar la pérdida financiera para el Estado y los ciudadanos afectados por el combustible de mala calidad (mezclado con agua y aceite).

Alcance de la red: Solo en la ruta con Chile se estima que la red manipuló 150 millones de litros en más de 5,000 cisternas, pero se sospecha que existen esquemas similares en las rutas de importación desde el sur del continente.

El Gobierno boliviano busca que esta dinámica de trabajo binacional se convierta en una política permanente de lucha contra el contrabando y la adulteración de recursos estratégicos, asegurando que los responsables enfrenten la justicia sin importar fronteras.