Tras 18 años de ausencia operativa en Bolivia, la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos retomará labores de cooperación técnica e intercambio de inteligencia con el país, informó el gobierno encabezado por Rodrigo Paz. La relación se restablece con un enfoque técnico, centrado en la reducción de cultivos ilegales, la interdicción del tráfico de drogas y la desarticulación de organizaciones criminales con alcance transnacional, según autoridades bolivianas.

La DEA había sido expulsada durante la administración de Evo Morales en 2008, en medio de una crisis política y desconfianza sobre la presunta injerencia de la agencia estadounidense en asuntos internos. En aquel entonces, Bolivia contaba con aproximadamente 30.500 hectáreas de cultivos de coca, mientras que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) reportaba incautaciones anuales de cocaína cercanas a las 25–30 toneladas, en un contexto de erradicación limitada y sin cooperación operativa directa con agencias extranjeras.

En contraste, los indicadores actuales muestran un panorama diferente. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2024 la superficie cultivada de coca alcanzó aproximadamente 34.000 hectáreas, mientras que el Estado boliviano informó la erradicación o racionalización de 10.001 hectáreas durante el mismo año. Las incautaciones de cocaína alcanzaron 66 toneladas, más del doble que en 2008, reflejando tanto un mayor despliegue operativo como un incremento del flujo de narcotráfico y del uso de Bolivia como territorio de tránsito regional.

La vuelta práctica de la DEA se enfocará en el intercambio de datos forenses, formación técnica, apoyo en trazabilidad de cargamentos y cooperación en investigaciones transfronterizas. La intención del gobierno boliviano es limitar la presencia de la agencia a labores técnicas, respetando la soberanía nacional, aunque la implementación dependerá de acuerdos legales y protocolos operativos.

Autoridades advierten que la reacción de organizaciones cocaleras, especialmente en el Chapare, y la polarización política podrían tensionar la aplicación de las nuevas políticas antidroga. Además, la presencia de cárteles y grupos armados regionales incrementa la violencia, lo que exigirá que la cooperación internacional vaya acompañada del fortalecimiento institucional de las entidades de seguridad y justicia involucradas en la lucha antidrogas, incluyendo policía, fiscales y cortes, para lograr un efecto real.