La Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresó su preocupación ante la falta de atención del Gobierno a los pronunciamientos y demandas de los sectores afectados por la Disposición Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

La institución calificó como arbitraria la normativa que permite a funcionarios públicos confiscar mercancías bajo sospecha de agio o especulación, señalando que esta disposición vulnera los derechos constitucionales de libertad de empresa y propiedad privada.

Desde la CNC reiteraron que las empresas formales del sector comercial no pueden ser tratadas como sospechosas de prácticas ilícitas sin pruebas. Asimismo, demandaron una pronta modificación de la norma en coordinación con los sectores afectados.

“La Disposición Séptima no fue consensuada con nuestro sector y amenaza directamente a las empresas comerciales, quienes enfrentan el mayor impacto de esta medida”, enfatizaron desde la Cámara.

El gremio instó al Gobierno a responder al pronunciamiento realizado por su presidente la semana pasada, exigiendo acciones inmediatas que respeten el Estado de Derecho y promuevan un diálogo inclusivo.