La Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresó su rechazo ante la posibilidad de que el Gobierno apruebe una norma que obligue a las empresas privadas a diferir el cobro de sus servicios y prohíba el corte por falta de pago, al considerar que una medida de este tipo pondría en riesgo la liquidez de las compañías y la continuidad de los servicios.

Mediante un comunicado, la entidad señaló que trasladar al sector privado el costo de la crisis no es una solución adecuada.

"Ante la posibilidad de que el Gobierno Nacional apruebe un decreto que obligue a las empresas privadas a diferir el cobro de sus servicios y prohíba el corte por falta de pago, la Cámara Nacional de Comercio expresa su firme rechazo a cualquier medida que traslade al sector privado el costo de una crisis que no provocó", señala el pronunciamiento.

La CNC sostuvo que las empresas privadas ya asumieron pérdidas superiores a 3.000 millones de dólares durante más de 50 días de bloqueos y que, además, continúan cumpliendo con el pago de salarios, impuestos, créditos y obligaciones con proveedores.

En ese contexto, advirtió que obligarlas a financiar un diferimiento de pagos "pone en riesgo su liquidez, la continuidad de los servicios y miles de fuentes de empleo".

La entidad también afirmó que las políticas de protección social son responsabilidad del Estado y no deben financiarse a costa de quienes generan empleo, inversión y crecimiento económico.

Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) también emitió un comunicado en el que advirtió sobre los riesgos de un eventual diferimiento en el pago de los servicios básicos.

La organización señaló que cualquier decisión que limite el flujo financiero de las empresas y reduzca su capacidad operativa podría afectar la calidad y continuidad de los servicios que recibe la población, además de generar mayores dificultades para la economía.

Finalmente, la CEPB planteó la necesidad de abrir espacios de diálogo para construir soluciones equilibradas, sostenibles y de largo plazo.