La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno apruebe un decreto que obligue a las empresas privadas a diferir el cobro de los servicios básicos y prohíba el corte del servicio por falta de pago.

Ambas organizaciones coincidieron en que, si bien es necesario adoptar medidas para aliviar la situación de las familias tras la reciente crisis política, el costo de esas acciones no debe recaer sobre el sector privado.

En un comunicado, la CEPB manifestó que comparte la necesidad de aplicar medidas extraordinarias para apoyar a la población más afectada por los conflictos, pero señaló que estas deben implementarse bajo criterios de equilibrio, responsabilidad y sostenibilidad.

La entidad advirtió que una parte importante de los servicios básicos es administrada por empresas privadas y cooperativas, por lo que cualquier decisión que reduzca su flujo financiero podría afectar la calidad y continuidad de los servicios.

Asimismo, recordó que el sector privado enfrenta las consecuencias de una prolongada crisis económica y política, mientras continúa cumpliendo con la preservación del empleo, el aporte de recursos al Estado y el abastecimiento de bienes y servicios.

Por ello, la CEPB pidió que las decisiones económicas sean consensuadas con todos los sectores y respaldadas por criterios técnicos, evitando medidas que beneficien a unos en perjuicio de otros.

Al pronunciamiento se sumó la Cámara Nacional de Comercio, que expresó su "firme rechazo" a la posibilidad de que el Gobierno obligue a las empresas privadas a financiar un diferimiento de pagos.

La CNC sostuvo que las empresas acumularon pérdidas superiores a 3.000 millones de dólares durante los 53 días de bloqueos y que continúan afrontando el pago de salarios, impuestos, créditos y obligaciones con proveedores.

Según la entidad, un diferimiento obligatorio pondría en riesgo la liquidez de las empresas, la continuidad de los servicios y miles de fuentes de empleo.

"La recuperación económica no se construye debilitando al sector privado, sino fortaleciéndolo", señala el comunicado institucional difundido este lunes.

La Cámara también remarcó que las políticas de protección social son responsabilidad del Estado y no deben financiarse a costa de quienes generan empleo, inversión y crecimiento económico.

Los pronunciamientos fueron emitidos luego de que autoridades del Gobierno informaran que analizan la implementación de un diferimiento en el pago de los servicios básicos como parte de un paquete de medidas para mitigar los efectos económicos de los recientes conflictos políticos.

Finalmente, la CEPB y la CNC expresaron su disposición a participar en espacios de diálogo para construir soluciones consensuadas que permitan proteger a la población sin comprometer la estabilidad del aparato productivo.