En el marco de la presentación del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del PNUD, el canciller del Estado, Fernando Aramayo, lanzó una alerta internacional sobre la situación que atraviesa Bolivia. La autoridad denunció que ciertos sectores movilizados están instrumentalizando la protesta social con el único objetivo de desestabilizar la gestión del presidente Rodrigo Paz y forzar su renuncia, desconociendo el mandato constitucional emanado de las urnas.

Aramayo marcó una línea clara entre las demandas legítimas y los afanes políticos de las movilizaciones que mantienen bloqueado al país. “Bolivia defiende el derecho a la protesta, pero el Estado democrático también tiene la obligación de distinguir entre el disenso ciudadano y las acciones que buscan paralizar el país, afectar derechos de terceros o desconocer la autoridad de un mandato nacido del voto popular”, afirmó de manera tajante ante los representantes diplomáticos.

Asimismo, el canciller sembró duras dudas sobre el financiamiento detrás de la logística de los manifestantes, vinculando la violencia callejera con sectores oscuros. "La dinamita no cae del cielo", aseveró, haciendo alusión al constante abastecimiento de explosivos, alcohol, alimentos y pagos que reciben los grupos de choque. Finalmente, advirtió que la disposición al diálogo demostrada por el presidente Paz —quien ha sostenido reuniones maratónicas hasta la madrugada con mineros y juntas vecinales— bajo ninguna circunstancia debe ser interpretada por los sectores radicales como una señal de debilidad institucional.