La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia en el contexto de las protestas que se desarrollan desde inicios de mayo de 2026 y que, según la entidad, han generado una serie de vulneraciones a los derechos humanos.

A través de una publicación, la CIDH hizo un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática. El organismo señaló que las protestas se desarrollan en medio de una crisis económica, polarización política, debilitamiento de la confianza entre sectores indígenas, campesinos y el Gobierno, además de problemas relacionados con el racismo estructural y sistémico.

La Comisión indicó que sindicatos, sectores mineros, educativos, pueblos indígenas y organizaciones campesinas han articulado demandas vinculadas al empleo, el abastecimiento de alimentos, el acceso a combustibles y la estabilidad económica, además de pedidos de revisión o derogación de medidas económicas y solicitudes de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Asimismo, señaló que las movilizaciones se intensificaron tras la eliminación de subsidios mediante el Decreto Supremo 5503 y la aprobación de la Ley 1720, normas que posteriormente fueron derogadas en el contexto de las protestas.

De acuerdo con la información proporcionada por el Estado, la CIDH indicó que los bloqueos en La Paz y El Alto dejaron incomunicada a la sede de Gobierno con otros departamentos y países vecinos. También señaló que se implementaron operativos de las fuerzas del orden, entre ellos el denominado “Corredor Humanitario de las Banderas Blancas”, destinado al abastecimiento de insumos esenciales.

El organismo destacó que los bloqueos provocaron afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, oxígeno medicinal, medicamentos y otros servicios esenciales, especialmente en La Paz y El Alto.

Según datos citados por la CIDH y atribuidos a la Defensoría del Pueblo, al menos siete personas fallecieron durante el conflicto. Entre ellas, cuatro por falta de atención médica oportuna, una por arma de fuego en el contexto de un operativo de desbloqueo en el municipio de Calamarca y dos personas movilizadas cuyas circunstancias de fallecimiento aún están pendientes de esclarecimiento.

La publicación también reporta al menos 23 personas heridas de gravedad. Además, señala que 321 personas fueron arrestadas, de las cuales 89 enfrentan procesos penales y 12 permanecen con detención preventiva.

La CIDH también manifestó su preocupación por las agresiones contra trabajadores de la prensa durante la cobertura de las movilizaciones, indicando que se registraron al menos 15 casos de hostigamiento y ataques.

Asimismo, mencionó daños a bienes públicos y privados, incluyendo afectaciones al sistema de transporte por cable de La Paz y El Alto, así como al Tribunal Departamental de Justicia y oficinas de Derechos Reales, hechos que derivaron en la apertura de 29 procesos penales.

La Comisión reafirmó que la protesta social constituye una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en asuntos públicos. También recordó que actos aislados de violencia no deslegitiman una protesta en su conjunto.

Finalmente, la CIDH señaló que los bloqueos prolongados pueden afectar gravemente otros derechos, especialmente cuando limitan el acceso a servicios de salud, alimentos e insumos esenciales. Por ello, reiteró la necesidad de promover mecanismos de diálogo y sostuvo que el uso de la fuerza debe ser considerado como último recurso. Además, expresó su disposición de acompañar al Estado boliviano y a los distintos actores sociales mediante mecanismos de monitoreo y cooperación técnica para contribuir a la reducción de la conflictividad y la protección de los derechos humanos.