El expresidente Evo Morales fue convocado a una audiencia judicial en la ciudad de Tarija, en el marco de una investigación por presunta trata de personas, lo que reavivó el debate político y jurídico en el país.

La citación está programada para este lunes a las 08:30, sin embargo, desde el entorno legal del exmandatario ya se anticipó que no asistirá. Su defensa sostiene que la notificación no se realizó conforme a la normativa, por lo que consideran improcedente su presencia ante la autoridad judicial.

En el ámbito político, legisladores de distintas bancadas coincidieron en que Morales debe presentarse para responder a las acusaciones. Algunos parlamentarios incluso plantearon que, en caso de inasistencia, se ejecuten acciones para garantizar su comparecencia.

El senador José Ormachea afirmó que corresponde al Ministerio de Gobierno asumir medidas para asegurar que el exmandatario sea puesto ante la justicia, incluso mediante operativos si fuera necesario.

Asimismo, desde sectores opositores se propuso ampliar el alcance de la investigación hacia otros presuntos delitos, lo que incrementa la tensión política en torno al caso.

En contraste, voces vinculadas a la Alianza Popular cuestionaron el proceso y lo calificaron como una maniobra distractiva frente a la coyuntura nacional, señalando posibles motivaciones políticas detrás de la denuncia.

Por su parte, el abogado Nelson Cox reiteró que su defendido no acudirá a la audiencia, argumentando que no existe una notificación válida ni una denuncia formal claramente establecida por una presunta víctima.

Mientras tanto, la audiencia en Tarija genera expectativa sobre las decisiones que podrían asumir las autoridades judiciales ante una eventual inasistencia, en un caso que continúa generando repercusiones en el escenario político nacional.