El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, lanzó duras críticas contra la administración de Rodrigo Paz tras el acuerdo alcanzado con sectores campesinos para gestionar la abrogación de la Ley 1720. El líder cívico afirmó que el Ejecutivo está cediendo a presiones de grupos que "no trabajan ni producen" y que basan su fuerza en el bloqueo y el perjuicio al país.

La Ley 1720 es una norma clave que permite, de manera voluntaria, que la pequeña propiedad rural pueda convertirse en mediana propiedad, otorgando mayor libertad jurídica al productor. Cochamanidis defendió el espíritu de la ley, señalando que busca que el productor sea el verdadero dueño de su tierra y pueda acceder a mejores condiciones de desarrollo sin las ataduras del modelo centralista.

Advertencia del sector productivo La posición cívica coincide con la preocupación de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), entidad que advirtió al Gobierno que "Bolivia no puede darse el lujo de gobernar contra sus productores". Las instituciones cruceñas sostienen que la anulación de esta norma representa un retroceso estructural que afectará la seguridad jurídica y la inversión en el agro.

“El Gobierno prioriza reuniones con grupos que solo generan conflictos, mientras deja de lado a quienes buscan reglas claras para seguir produciendo y garantizando el alimento en las mesas bolivianas”, sentenció Cochamanidis, calificando el actuar de la administración de Paz como una claudicación ante intereses políticos por encima de los económicos.