El viceministro de Tierras, Hormando Vaca Diez, aseguró que el Gobierno está dispuesto a abrir el debate sobre la Ley 1720 y trabajar en una nueva normativa consensuada con sectores indígenas, campesinos y productivos.

La autoridad afirmó que el Ejecutivo reconoce que faltó socialización sobre la norma y anunció la instalación de mesas de trabajo para construir un nuevo proyecto con participación de distintos sectores.

“Ha faltado socialización sobre la ley. Ha generado algunas dudas y desconfianza en algunos sectores campesinos”, manifestó Vaca Diez durante una conferencia de prensa.

El viceministro explicó que la Ley 1720 nació en la Asamblea Legislativa Plurinacional y posteriormente fue promulgada por el Gobierno. Según indicó, el objetivo de la norma es permitir que pequeños propietarios puedan convertir sus títulos a mediana propiedad para acceder a créditos y ampliar la producción.

Asimismo, insistió en que la ley no afecta a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) ni modifica derechos colectivos.

En ese contexto, reveló que el Gobierno alcanzó acuerdos con la CIDOB y la CSUTCB para incorporar ajustes que otorguen mayores garantías a sectores indígenas y campesinos.

Entre las modificaciones planteadas figura la inclusión de un artículo específico que establezca que las TCO no están contempladas dentro de los alcances de la ley.

“La idea es generar una ley más participativa y socializarla para que todos los actores estén representados”, sostuvo la autoridad.

El conflicto también se trasladó a Santa Cruz, donde sectores agropecuarios expresaron preocupación por los alcances de la normativa. Ante ello, el viceministro confirmó reuniones con representantes del agro cruceño para explicar el contenido de la ley y escuchar observaciones.

“Hoy tenemos que resolver el tema de este país vía el diálogo. No hay otra alternativa”, afirmó.

Respecto a las críticas sobre un posible impulso al latifundio, Vaca Diez rechazó esa interpretación y recordó que la Constitución Política del Estado prohíbe expresamente esa figura.

La controversia por la Ley 1720 se desarrolla en medio de tensiones entre organizaciones indígenas, productores y autoridades nacionales, mientras el Gobierno asegura que buscará soluciones mediante acuerdos y diálogo.