Representantes del Comité Pro Santa Cruz, junto a un grupo de pacientes renales, acudieron al Palacio de Justicia para exigir al Gobierno nacional el pago de las deudas pendientes con los centros privados que prestan servicios de hemodiálisis en el departamento.

Los cívicos presentaron un oficio dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y al Ministerio de Salud y Deportes, solicitando que ambas instituciones cumplan la sentencia constitucional que, según indicaron, obliga al Estado a cubrir las deudas con los centros de salud que brindan este servicio.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que el incumplimiento de esta resolución pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y la vida de más de 1.400 pacientes renales en el departamento de Santa Cruz.

Durante un contacto con los medios, Cochamanidis recordó que los pacientes renales cumplen 28 días de vigilia en la plaza 24 de Septiembre, donde exigen el desembolso de recursos para garantizar la continuidad de los servicios de hemodiálisis. Señaló que, hasta el momento, las autoridades nacionales no respondieron a sus demandas.

Asimismo, sostuvo que más de diez centros privados de diálisis en Santa Cruz no reciben pagos por los servicios prestados desde diciembre de 2025 o enero de este año, dependiendo del establecimiento, y aseguró que la deuda acumulada supera los 76 millones de bolivianos.

Por su parte, el representante de los pacientes renales de Santa Cruz, Marco Antonio Torrez, manifestó que los centros privados continúan prestando el servicio con esfuerzo para evitar que los pacientes pierdan sus sesiones de hemodiálisis, pese a la falta de pagos.

Torrez también indicó que algunos centros dejaron de funcionar debido a la crisis económica derivada de la deuda estatal y expresó su preocupación por la situación de los hospitales de segundo nivel, donde, según señaló, también existirían deudas pendientes y equipos en condiciones deficientes para atender a más de 600 pacientes.

Finalmente, lamentó que durante los 28 días de protesta no hayan recibido respuesta de las autoridades nacionales y cuestionó la falta de respaldo de algunas autoridades departamentales y municipales, aunque reconoció que el financiamiento de estos servicios corresponde al nivel central del Estado.