Directores de unidades educativas, representantes de padres de familia y autoridades del Concejo Municipal de Santa Cruz expresaron su preocupación por la falta de desembolso de los recursos de la caja chica, responsabilidad de la Alcaldía cruceña. La molestia fue expuesta en las instalaciones del Concejo Municipal, donde se advirtió que más de 150 colegios continúan afectados.

El concejal Juan Carlos Medrano, presidente del Concejo Municipal, lamentó la situación y cuestionó que el alcalde Jhonny Fernández haya anunciado el pago de un bono estudiantil mientras —aseguró— no puede cumplir con los Bs 20 por alumno destinados a la caja chica. “El alcalde está mintiendo a Santa Cruz. Le pedimos que pague, que desembolse los fondos”, declaró. Recordó que el municipio había prometido duplicar el presupuesto de este beneficio y anunció que el Concejo activará mecanismos constitucionales para exigir el pago en un máximo de cuatro días. En caso de que los recursos no sean entregados este año, Medrano adelantó que exigirá que se pague el doble en 2026. También acusó al alcalde de realizar “propuestas falsas” rumbo a las elecciones subnacionales.

La directora del Distrito Educativo Santa Cruz 2, Elizabeth Meneses, informó que más de 150 unidades educativas siguen sin recibir la caja chica, pese a que toda la documentación fue entregada en los plazos fijados por el municipio. Explicó que los desembolsos recién comenzaron en noviembre y solo algunas unidades fueron beneficiadas. Señaló que las observaciones solicitadas en los expedientes fueron subsanadas y recordó que la normativa educativa establece que los gobiernos municipales deben garantizar estos recursos.

Representantes del Magisterio Rural y Urbano coincidieron en que la demora afecta directamente el funcionamiento escolar, provocando que los directores deban recurrir a aportes de los padres para comprar medicamentos, materiales y cubrir mantenimiento básico. Indicaron que existen trámites con demoras superiores a 120 días.

Jacqueline Díaz, presidenta de la Junta Educativa del Distrito 2, alertó que los padres de familia se encuentran en “estado de emergencia” ante lo que consideran una vulneración de los derechos de los estudiantes. Denunció que, ante la falta de recursos, algunas unidades deben invertir hasta Bs 50.000 en refacciones y advirtió que se asumirán medidas radicales si no se atienden las demandas.