El Consejo de la Magistratura, en virtud de los principios y valores constitucionales, comunica lo siguiente:

1. Niega enfáticamente cualquier injerencia externa —directa, indirecta o por terceros— en decisiones jurisdiccionales o administrativas bajo investigación en La Paz.
2. Rechaza las denuncias que apuntan a supuestas presiones, calificándolas de temerarias y destinadas a desestabilizar la institucionalidad judicial.
3. Ha iniciado acciones penales contra todos los implicados y se constituye como parte coadyuvante para aportar pruebas y determinar responsabilidades.
4. Solicita al Ministerio Público realizar una investigación rigurosa, objetiva e imparcial, sin interferencias externas, para garantizar un proceso transparente y sanciones ejemplares.
5. Exhorta al juez de garantías constitucionales a actuar con total independencia y apego a la legalidad, respetando la Constitución, los derechos humanos y los estándares internacionales.
6. Reafirma su compromiso con los jueces que cumplen sus funciones con integridad, y anuncia acciones firmes contra aquellos que se aparten de sus competencias, generen dilaciones o vulneren la independencia judicial.

El Consejo ratifica que la independencia judicial y la legalidad de sus actos son pilares fundamentales del Estado de derecho, y que cualquier intento de desestabilización será enfrentado con todos los recursos legales disponibles.