La corrupción y los malos manejos en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) se extendieron a todos los niveles de la institución, desde cajeros y personal operativo hasta direcciones, subgerencias y la gerencia nacional, según reveló el actual gerente de la estatal, Sergio Siles.

De acuerdo con la autoridad, las auditorías técnicas, administrativas, financieras y legales que se desarrollan desde hace más de dos meses permitieron detectar faltantes diarios de dinero en supermercados, deficiencias administrativas y una presunta red de corrupción que involucraría a funcionarios y exautoridades, incluso con vínculos hacia el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Siles explicó que se identificó a más de 20 personas con presuntas irregularidades, enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado. Entre los investigados figuran el exgerente Franklin Flores, los exministros Néstor Huanca y Zenón Mamani, exdirigentes panificadores y allegados externos. La mayoría se encuentra con detención preventiva.

El gerente también denunció una grave falta de coordinación interna. Como ejemplo, relató que en una planta de procesamiento de papa en El Alto se encontró producción acumulada sin que el área de comercialización tuviera conocimiento, sin estructura de costos y con productos próximos a vencer.

Ante este escenario, Siles informó que se decidió reemplazar a todo el personal que ocupaba cargos de toma de decisiones, incluyendo gerencias nacionales y regionales, direcciones y jefaturas, mientras se evalúa al personal operativo en todo el país.

Aunque desde el Gobierno se catalogó a Emapa como una de las empresas públicas “inviables”, Siles defendió su continuidad bajo una profunda reestructuración, con auditorías, procesos penales contra los responsables y una reingeniería que permita garantizar la soberanía alimentaria sin subvenciones.

Según datos oficiales, solo en los casos Harina 1, Harina 2, la planta de papa de El Alto y el complejo piscícola del lago Titicaca, el daño económico asciende a Bs 274,3 millones, aunque el Gobierno estima que el desfalco total podría superar los Bs 1.000 millones.