La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra denunció la tala ilegal de cerca de 5.000 árboles en un área de dominio municipal colindante al Jardín Botánico. Según las autoridades, este daño ambiental se viene registrando desde el año 2023 y fue realizado sin autorización.

El director de Medio Ambiente de la Alcaldía, Juan Carlos Áñez, informó que en 2025 la exconcejal Lola Terrazas presentó una demanda ante el Tribunal Agroambiental por el daño ambiental ocasionado en estos predios municipales.

La autoridad explicó que en 2023 se identificó la tala de más de 1.300 árboles en el lugar. Posteriormente, en 2025 se registró la tala de otros 1.700 ejemplares, situación que motivó la presentación de la demanda ante el Tribunal Agroambiental.

Asimismo, señaló que tras una última intervención que afectó a más de 1.900 árboles, la Alcaldía presentó una demanda administrativa contra M.A.M., acusado de avasallar los terrenos municipales.

Con estas tres intervenciones, la cantidad de árboles talados asciende a cerca de 5.000. De acuerdo con la normativa municipal, este hecho es considerado un daño ambiental gravísimo.

Áñez explicó que la legislación establece tres obligaciones para el responsable del daño: el pago de una sanción económica, la restitución del daño ambiental y el seguimiento durante dos años al crecimiento de los árboles replantados.

En ese marco, indicó que por los tres procesos el presunto infractor deberá afrontar una multa superior a los 53 millones de bolivianos.

Además, deberá reponer los árboles eliminados bajo la relación de diez árboles por cada árbol nativo talado, lo que representa la plantación de aproximadamente 50.000 árboles, conforme a los lineamientos técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente.

El funcionario confirmó que el municipio participa activamente en el proceso iniciado por la exconcejal Lola Terrazas y anunció que el próximo 21 de julio se desarrollará una audiencia ante el Tribunal Agroambiental.

Finalmente, Áñez cuestionó que la anterior gestión municipal no se hubiera adherido a la demanda presentada en 2025 y aseguró que la actual administración asumirá una posición firme para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. También convocó a la población a denunciar cualquier acción que atente contra el patrimonio ambiental de la ciudad.