La defensa jurídica de Erland Ivar García López, alias ‘El Colla’, aseguró que su defendido permanece en Bolivia y cumple con las medidas sustitutivas impuestas en su contra, desmintiendo así la versión del comandante de la Policía Boliviana, general Mirko Sokol.

El abogado de García López afirmó que su cliente se encuentra en su domicilio en el departamento de Santa Cruz y que está dispuesto a presentarse ante cualquier convocatoria de las autoridades. “Estamos puestos a derecho a cualquier llamado de la autoridad”, sostuvo.

La declaración surge luego de que el jefe policial indicara que, según información manejada, ‘El Colla’ no estaría en el país y que incluso se coordinaba con otras naciones ante la posibilidad de que se encuentre fuera de Bolivia. Asimismo, vinculó recientes hechos de violencia a una disputa de poder entre exsocios del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, señalando a García López como uno de los involucrados.

Ante estas afirmaciones, la defensa rechazó cualquier relación de su cliente con los hechos de violencia y reiteró que no existe incumplimiento de las medidas impuestas dentro del proceso por tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas. El abogado explicó que García López cuenta con arraigo, fianza y otras restricciones, pero no tiene detención domiciliaria ni escolta policial.

Por su parte, el fiscal General del Estado, Róger Mariaca, informó que el domingo 3 de mayo se realizó una verificación en el domicilio declarado por García López, en la que no fue encontrado. Ante esta situación, señaló que se solicitó de manera inmediata al juez la revocatoria de las medidas sustitutivas y la programación de una audiencia por el presunto incumplimiento.

En cuanto a los antecedentes, tras la fuga de Sebastián Enrique Marset Cabrera en julio de 2023, ‘El Colla’ fue señalado como presunto colaborador cercano del narcotraficante. Posteriormente, fue aprehendido y enviado con detención preventiva a la cárcel de Palmasola, hasta que un juez le otorgó medidas sustitutivas, incluyendo el pago de una fianza de 90.000 bolivianos y arraigo.